¡Insumisión!
Bien, la razón principal es que el sistema de contabilización de votos NO es proporcional, ya que se basa en una estructura por ‘circunscripciones’ –provincias– a las que corresponden, como mínimo 2 escaños –de los 350 que hay en el Congreso. Por lo que el recuento total de los votos obtenidos por cada partido no son determinantes. Si un partido debe tener al menos un 3% de los votos en cada circunscripción para optar a un solo escaño, entendemos que cuantos más habitantes tenga cada territorio electoral más contará sus participación en el cómputo general, y al revés. De este modo, los partidos con mayor repartición geográfica de los votos estarán en desventaja, pues la suma de sus votos no contará en su totalidad sino dependiendo de la superación del porcentaje mínimo –método D’Hondt. En conclusión, un partido con más votos puede obtener menos representación que otro con menos votos, y viceversa. Lo que importa es la concentración de votos, digámoslo así. Por ejemplo, en estas elecciones generales CIU logró 16 escaños con 1.014.000 votos, mientras UPyD obtuvo 5 escaños con 1.140.000 votos. La explicación es fácil, aunque no lo parezca: CiU es el partido más votado en toda Catalunya (4 circunscripciones) por lo que supera ese 3% mínimo por cada una con creces, en cambio los votos de UPyD se dosifican por todo el territorio español, por lo que en muchas provincias no consiguen tanta representación. Esto provoca que cada partido tenga un ‘precio’, en donde la moneda es el voto. Así, a UPyD le cuesta 228.048 votos cada escaño, mientras que a CiU solo 63.392 (la web leyelectoral.es lo explica muy bien y da diferentes propuestas para reformar el sistema de recuento electoral). Otro injusto ejemplo seria el caso del Pacma –Partido Animalista– que duplicó sus apoyos logrando 101.557 votos sin conseguir representación parlamentaria alguna, a diferencia del partido navarro Garoa Bai con 42.411 y un escaño en el Congreso.
A parte de favorecer el bipartidismo, otro de los grandes errores del régimen electoral actual es que fomenta las mayorías absolutas, lo cual nunca suele acabar bien por el exceso de prepotencia y despotismo en el que suelen caer los máximos dirigentes y sus lacayos al tener carta blanca en sus decisiones. Por eso, es bastante obvio porqué a “los grandes” no les interesa cambiar el sistema. A la vista está que los gobiernos –azules y rojos– han procurado conservarlo así hasta hoy para mantener su supremacía. Sin ir más lejos, el pasado 28 de enero el gobierno de Zapatero ‘tocó’ la ley electoral (LOREG, 1985) –con el apoyo del PP, CiU y PNV– poniendo trabas a los nuevos partidos al requerir que debían recoger más de 35.000 firmas en 20 días. Una exigencia que fue denunciada como “antidemocrática” por todas las formaciones políticas extraparlamentarias al ver inviable su consecución por falta de tiempo y de medios (ver plataforma digital yoavalo.org). Equo, Por un Mundo más Justo y Escaños en Blanco fueron tres de los partidos que se vieron perjudicados por la modificación de la ley, que no contó con la oposición de ninguna de las otras fuerzas presentes en el Congreso. Éstos también reclamaron en vano tener la posibilidad de entrar en el proceso de distribución de los espacios electorales gratuitos en los medios de comunicación.
Ahora, parece que el nuevo gobierno de Rajoy quiere remendarse comenzando por las Autonomías y anuncia la división de la región de Madrid en 43 circunscripciones que cuenten con más de 100.000 personas. La propuesta popular prevé que un tercio de la Asamblea de Madrid (43 escaños de los 129) sea designado directamente por los madrileños. La idea es que haya una doble urna: una para elegir el grueso de los diputados y otra para el diputado escogido por cada ciudadano, para que le represente en su circunscripción. Será diputado el candidato que obtenga la mayoría de los votos en cada una de las 43 zonas electorales. Veremos si la propuesta es aceptada y si se contagia a las demás regiones, lo que si está claro es que este método da más libertad al ciudadano para escoger al candidato ideal –de los que se presenten– pero no soluciona el problema de la desigualdad de oportunidades de “los pequeños”.
Un ciudadano, un voto
La solución parece fácil: ‘un ciudadano, un voto’. Ésta es la proclama que algunos de los partidos llamados ‘minoritarios’ y otras iniciativas -en la web de Actuable se ha abierto una causa- están llevando a cabo para acabar con la ‘injusticia’. IU y UPyD ya lo intentaron fallidamente el año pasado y continuan en la lucha (ver video). Aún así, los ‘menos grandes’ han sido los verdaderos triunfadores -UPyD ha pasado de 1 a 5 diputados; IU de 2 a 11; y CiU, de 10 a 16- de éstas elecciones. Y han salido beneficiados en cierta manera partidos nuevos o que en otras legislaturas no tuvieron representación. La coalición abertzale AMAIUR (con 7 escaños), la valenciana COMRPOMÍS-Q (con 1), la asturiana FAC (1) y Geroa Bai (1) se han plantado en el Cogreso de los Diputados gracias a sus estrategias políticas y al llamado ‘voto útil’.
El movimiento 15M tiene parte de culpa. Algunos criticarán su falta de acción y decisión en materia política, otros agradecemos su voluntad, energía y osadía para concienciar a la población de que, entre muchas otras cosas, el sistema electoral de este país es desigual y no representativito. Los indignados han vuelto a poner sobre la mesa una problemática que solo lo era cada cuatro años, cuando tocaba votar. Ahora, están en pie de guerra, junto a las miles de personas que vieron en la reforma electoral del pasado enero una manera trapera de reducir el acceso de nuevos partidos a las cámaras parlamentarias. El cambio interesado ha provocado un agudo rechazo de la población hacia el bipartidismo de los “los grandes” y el contagio del voto útil hacia “los pequeños”, ni que sea como castigo. Otra realidad que demuestra este malestar de la población es el considerable aumento de las abstenciones –siendo el segundo % en los resultados electorales, por debajo del PP– de los votos en blanco y de los nulos.
Periodistas ¿indignad@s?
Médic@s, enfermer@s, maestr@s y todo tipo de docentes y personal sanitario se han manifestado vehementemente por los duros recortes durante todo el año. No son los únicos. Desde que estalló la crisis en 2008, trabajadores de múltiples empresas en distintos sectores también lo han hecho al ver sus salarios recortados o perder su trabajo. Pero, ¿y los periodistas? ¿Es que no tenemos nada por lo que quejarnos? ¿Acaso no hemos sufrido recortes de personal? ¿No nos vemos cada día con menos recursos e infraestructuras para hacer nuestro trabajo? ¿Es que divisamos algún tipo de futuro para las nuevas generaciones de compañeros? ¿Es que el sistema político de este país es totalmente respetuoso con el oficio periodístico?
Se me ocurren varios motivos, pero ya que hablamos de elecciones ¿por qué no comenzar por el tema de los ‘bloques electorales’ en TV y Radio? Los conocidos como ‘bloques electorales’ en los informativos son cuotas de tiempo matemáticas destinadas a cada partido según los votos obtenidos en las elecciones anteriores. ¿Cuál es el problema? Por un lado, no tienen nada que ver con los espacios gratuitos de propaganda –dentro de los bloques de publicidad– que ya otorga la Junta Electoral Central (JEC) a cada partido –mayoritario– para su campañas en los medios. Y, por el otro, la aplicación de estos bloques dentro de los noticieros obliga a los periodistas a cronometrar sus informaciones durante la campaña electoral y a anteponer la propaganda a las noticias políticas tratadas bajo “criterios periodísticos”. Por no hablar de que, si éstas informaciones se rigen por “criterios de proporcionalidad” basados en la representación parlamentaria vigente de cada partido, volvemos a la problemática de antes: no es un método equitativo. Otra vez, fomenta la supremacía de los “más votados” sobre los menos, haciendo que la mayoría de éstos no tengan ni un segundo de aparición en los informativos. Esta práctica no solo es antiperiodística, sino que fomenta el bipartidismo y embauca al ciudadano, pues no recibe toda la información política que debería. Además, ¡es inexistente en cualquier otro país de Europa!
Lo más sorprendente de todo es que desde los años 80 los medios públicos han estado obligados a mantener los ‘bloques electorales’ sin que ni siquiera la ley (artículos 66 y 67) así lo estipule. Solo habla de mantener el ‘pluralismo político’ y la ‘neutralidad informativa’ y que depende de la JEC repartir los espacios gratuitos de propaganda y recoger las quejas de los partidos que consideren la violación de estos derechos. Ni estimaciones matemáticas de tiempos repartidos ni nada por el estilo, todo lo contrario a lo que los telediarios e informativos radiofónicos públicos -y ahora también privados- están haciendo en cada campaña electoral. Los partidos, por su parte, se han dedicado a imponer –bajo tutela de la JEC- estos bloques como práctica proporcional para mantener ese ‘pluralismo’ al que se acogen. Ahora, algunos de los partidos minoritarios –muchos con menos de diez años de vida- comienzan a unirse a la causa al verse directamente perjudicados. Pero, son muchos los organismos y asociaciones de periodistas que han denunciado esta mala práctica durante casi treinta años y, pese a los manifiestos y actos apoyados por televisiones, cadenas de radio, intelectuales y artistas, no han conseguido todavía cambiar lo que denuncian como un “atentado contra la libertad de expresión”. ¿No es este motivo suficiente para salir a la calle?
El Colegio de Periodistas de Catalunya llevó a cabo un nuevo acto, el pasado noviembre, simultaneo en todas las demarcaciones catalanas. En apoyo a un manifiesto los periodistas consideran que los ‘bloques electorales’ “impiden a la profesión periodística realizar en libertad y con criterios profesionales su trabajo. Un trabajo que se somete a una vigilancia de excepción durante los 15 días de la campaña, mientras que durante el resto del año la información política que realizan los mismos profesionales se hace con criterios periodísticos y recibe los calificativos -por parte de los organismos de control- de plural, independiente i rigurosa”. El decano Josep Maria Martí animó a los diferentes medios públicos “a la insumisión”. Como representante de la ciudadanía, el filósofo Josep Ramoneda apuntó que el problema de fondo es “la manera de entender la política en una sociedad democrática, donde los partidos se creen que son los propietarios de los medios públicos”. Yo me sumo a las palabras del decano: ¡Insumisión!
